Desde mantener los alimentos frescos en los supermercados hasta garantizar que los hospitales y centros de salud funcionen de manera eficiente, la refrigeración es una tecnología fundamental que a menudo pasa desapercibida hasta que se ve amenazada.

 

En este contexto, en un esfuerzo por controlar las emisiones de gases fluorados, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea se encuentran actualmente revisando el Reglamento EU 517/2014 que regula esta materia.

 

Se prevé que esta revisión sea adoptada en el cuarto trimestre de 2023, lo que conlleva importantes implicaciones para la cadena de frío y la distribución a temperatura controlada en Europa, y especialmente en España.

 

 

 

Doce entidades que representan diversos sectores de la cadena de valor de la refrigeración y el aire acondicionado en España, incluyendo a Asedas, Anged, Aces y CEC, han expresado su compromiso con la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, también han manifestado su preocupación ante la posición adoptada por algunos sectores del Parlamento Europeo, que podría tener consecuencias no deseadas en Europa y, en particular, en España.

 

Según estas entidades, la climatización y la refrigeración son vitales en sectores esenciales como hospitales, centros de salud, educación, viviendas, oficinas, industria, comercio y turismo. La prohibición o restricción de ciertos gases fluorados podría tener un impacto grave en estas áreas, especialmente en el sector agroalimentario, que depende en gran medida de la refrigeración en toda su cadena de suministro.

 

 

 

La preocupación se extiende al sector agroalimentario, ya que muchas empresas utilizan sistemas de refrigeración con alto potencial de calentamiento atmosférico debido a que las alternativas, como los sistemas de CO2 o glicol, son costosas y no viables para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

 

La transición a estas alternativas requeriría inversiones no planificadas, lo que afectaría negativamente a los planes financieros a corto plazo de las empresas.

 

 

 

En busca de soluciones más sostenibles, se han explorado alternativas a los gases fluorados. Sin embargo, estas alternativas plantean desafíos específicos:

1. Amoniaco: aunque es una alternativa natural, el amoníaco es tóxico y potente, por lo que se utiliza en la industria, pero no en lugares públicos debido a los riesgos para la salud y los controles necesarios.

2. Propano: este gas es altamente inflamable y explosivo, lo que limita su uso en ciertos entornos.

3. Dióxido de carbono: aunque es más seguro, su manejo a altas presiones lo hace peligroso en algunas aplicaciones.

 

Impacto en la distribución alimentaria

La distribución alimentaria en España también se vería afectada si se prohíbe el mantenimiento de sistemas de refrigeración con gases fluorados. Según estimaciones, más del 90% de los puntos de venta alimentaria en España no podrían ser mantenidos en caso de esta prohibición.

La conversión de estos sistemas requeriría el desmantelamiento completo de las instalaciones y la construcción de nuevas, lo que resultaría costoso y pondría en peligro la integridad de la cadena de frío.

 

Importancia de los gases fluorados

Los gases fluorados, especialmente los de última generación, ofrecen una eficiencia energética superior y contribuyen al ahorro de costes, lo que beneficia, entre otras, a las exportaciones de alimentos en España.

La prohibición de estos gases podría tener un impacto negativo en la economía del país, la inflación, el coste de vida y el empleo local, especialmente en sectores como la agricultura.

 

Objetivos y desafíos

El cambio legislativo europeo, conocido como F-Gas, busca una eliminación gradual de los gases fluorados con el objetivo de reducir las emisiones y cumplir con los compromisos de 2030 y ladescarbonización de 2050. Sin embargo, el sector agroalimentario y la distribución afrontan desafíos para cumplir con estos objetivos debido a la falta de alternativas viables y asequibles en la actualidad.

 

Conclusiones

La revisión de la normativa F-Gas europea está prevista para 2023, con su entrada en vigor un año después. Las enmiendas propuestas incluyen restricciones significativas en la cantidad de gases fluorados permitidos en el mercado y la imposición de tasas adicionales. Estas medidas han generado preocupación en la industria debido a la posible doble imposición y la falta de alternativas prácticas.

El sector de la refrigeración está dispuesto a contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero pide una transición gradual y la consideración de soluciones eficientes y seguras. La fecha exacta de entrada en vigor dependerá de las negociaciones en curso, pero se espera que sea a partir del 1 de enero de 2024.

En este sentido, la industria insta a una alineación y apoyo sólidos desde la Administración para cumplir con los objetivos de manera aceptable, justa y eficiente para no poner en peligro, entre otros factores, a la cadena de frío.